La delegada de la Xunta en A Coruña promete apoyo en la devolución de sanciones a retornados

La delegada territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Belén do Campo, mantuvo una reunión con representantes de la asociación de emigrantes retornados de la Costa da Morte, encabezados por su portavoz, José María Rocha, a los que les trasladó todo el apoyo del Gobierno gallego para regularizar sus pensiones procedentes del extranjero, así como para tramitar la solicitud de devolución de las sanciones y los intereses ya aboados al Ministerio de Hacienda. En este sentido, Do Campo indicó que a lo largo de este mes se aprobará un protocolo de colaboración entre la Consellería de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria para ofrecer a los afectados toda la información necesaria y facilitar con personal propio del departamento autonómico el proceso.

El plazo extraordinario de regularización abierto por el Gobierno central comenzará en enero de 2015 y tendrá una duración de seis meses. En ese tiempo, los contribuyentes afectados "muchos de ellos, pensionistas de edad avanzada" podrán presentar autoliquidaciones complementarias de los períodos impositivos no prescritos en los que percibieron pensiones del extranjero pendientes de declarar.

De este modo, los pensionistas retornados podrán ponerse al corriente de sus deberes tributarios y serán exonerados de cualquier sanción, recargo o intereses de demora en el momento en que ingresen el 100% de la cuota tributaria corresponsal. También se condonarán las sanciones, intereses de demora y recargos ya comunicados.

Esta medida responde al acuerdo unánime del Parlamento y a una propuesta trasladada al Ministerio de Hacienda -ya que se trata de una competencia de ámbito estatal- por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y está incluida en una disposición del proyecto de ley de reforma del IRPF aprobado en Consejo de Ministros. Así lo señaló la representante del Ejecutivo autonómico en la provincia, quien recordó que desde el primer momento la Xunta defendió que estos pensionistas actuaron en su inmensa mayoría sin ánimo defradatorio, y por lo tanto no cabía la imposición de sanciones.