La ley del aborto enfrenta a colectivos sociales y políticos

El PSOE anunció ayer que exigirá que se cambie la relación de España con la Santa Sede si el Gobierno del PP modifica la ley del aborto, después de que la Conferencia Episcopal reclamara el martes esta reforma y el Ejecutivo anunciara la aprobación en breve de la nueva normativa. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el martes que la nueva ley del aborto 'llegará muy pronto' y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones.

Los socialistas vinculan estas palabras con la petición que hizo horas antes el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, de que los políticos católicos debían asumir su responsabilidad moral y de que el Ejecutivo emprendiese la anunciada revisión de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dijo ayer que si el Gobierno va de la mano de los obispos para limitar la libertad de las mujeres, 'el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede'. En esta línea, la portavoz de este partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusó a la Iglesia de intentar chantajear al Gobierno del PP en el tema del aborto en pago a los 'compromisos' adquiridos cuando se manifestaban juntos 'del brazo y por las calles' en los años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

'NO GUSTARÁ A LOS OBISPOS'

Poniendo en duda estas opiniones, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, comentó que el texto que prepara el Gobierno quizá 'no guste mucho' a los prelados españoles, porque se ajusta a lo que marca la Constitución y no a la oposición frontal de la Iglesia al aborto. Alonso recordó que esta reforma era un 'compromiso electoral' del partido en el Gobierno y subrayó que los socialistas siempre piden modificaciones del Concordato cuando están en la oposición, pero se olvidan de ello cuando ocupan el Ejecutivo.

Otros partidos, como el PNV, consideró que 'no parece adecuado' reformar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada por 'un acuerdo bastante amplio' en Las Cortes, y confiaron en que el Gobierno no se deje influir por 'la presión' de la Iglesia. Lo mismo defendió la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien exigió al Gobierno que 'no se deje chantajear' por nadie en este asunto, 'tampoco por la Iglesia', mientras que la Izquierda Plural arremetió contra el clero por 'marcar la agenda política' del Ejecutivo al tratar de imponer su moral al resto de la sociedad.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) recordó por su parte al ministro de Justicia que 'ninguna mujer' ha abortado por motivos de salud 'sin acreditar mediante informe médico sus circunstancias'.

Representantes de la Fundación Mujeres y de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) calificaron las palabras de Gallardón sobre la ley como un 'retroceso de los derechos de la mujer en España', que provocarán discriminación 'de género y de clase'.

Asociaciones provida, como Derecho a Vivir, tampoco están satisfechas por entender que 'un Gobierno con mayoría absoluta no puede regatear en la defensa de la vida humana'. 'Han sido palabras, promesas y gestos y muy poca concreción', explicó la doctora y portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, si bien considera que la sociedad asiste a un momento relevante pues, por primera vez, podría 'avanzarse en la protección legal de la vida desde 1985'.