Internautas piden al Senado que no 'reanime' la Ley Sinde

Varias asociaciones de internautas y del sector informático presentaron ayer en el Senado un documento en el que piden a los senadores que 'no reanimen el cadáver' de la Ley Sinde, rechazada en el Congreso, e instan a todos los partidos a reformar con 'sosiego' la Ley de Propiedad Intelectual. El documento fue registrado en el Senado por representantes de las asociaciones de internautas (AI), usuarios de internet (AUI), pequeñas y medianas empresas de informática y nuevas tecnologías (APEMIT), técnicos en informática (ATI), música en internet (AMI), así como por el Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. En él piden a los senadores que respeten las decisiones adoptadas en el Congreso de los Diputados y que 'no introduzcan nuevas disposiciones adicionales' relacionadas con la propiedad intelectual en la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible (LES).

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, rechazaron el pasado 21 de diciembre en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados la disposición final segunda de la LES, conocida como Ley Sinde, que permitía el cierre o bloqueo de páginas web de descargas de contenidos ilegales por orden judicial.

El escrito presentado por las asociaciones insta a todos los partidos a abordar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 'sobre las bases del diálogo, la transparencia y el sosiego que requiere una reforma que a va condicionar nuestro futuro como país'. En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática, Josep Jover, aseguró que el documento 'expresa un toque de atención y una súplica a los senadores de que la sociedad no tiene prisa'. 'Sentémonos todos para hablar de un nuevo modelo de negocio que no pasa por meter a la Guardia civil en casa, sino porque cada uno pueda defender su negocio y los ciudadanos puedan sentirse seguros', añadió. En su opinión, una nueva propuesta de ley antidescargas 'difícilmente' tendrá garantías para el ciudadano, ya que el modelo 'está pensado desde el punto de vista de un tribunal de orden público', que 'suprime' las garantías procesales y que se fundamenta 'en la presunción de culpabilidad del ciudadano'.