El Congreso da luz verde final a la nueva Ley del Alquiler

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva el proyecto de ley del alquiler de viviendas, en un debate en el que todos los grupos de la oposición expresaron su rechazo al proyecto y a los cambios aprobados. El debate se centró en gran medida en la eliminación de las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro de los Planes de Vivienda, incluso las que ya se estuvieran abonando, y no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subrogación u otras actuaciones. Asimismo, las ayudas estatales directas sólo se mantendrán si hay una aceptación expresa de Fomento, mientras que las del Programa de Inquilinos, áreas de rehabilitación integral, Renove y Renta Básica de Emancipación (RBE) se mantienen sólo hasta que entren en vigor las nuevas líneas.

De esta manera, el Gobierno sólo mantendrá las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación que ya se estuvieran recibiendo, así como las que fueron reconocidas antes del 15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad de Fomento siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Una decisión que ha sido criticada por toda la oposición, que votó en bloque en contra de la enmienda salvo por UPN y FAC. Además, CiU fue particularmente beligerante y su portavoz adjunto, Pere Macias, invitó al resto de grupos a presentar un recurso conjunto contra el TC por el carácter retroactivo de la medida, que creará inseguridad jurídica.

El proyecto de ley reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez. Por su parte, el arrendatario podrá rescindir el contrato sin pagar indemnización con tan solo comunicarlo con un mes de antelación. Eso sí, la norma también reduce de cinco a tres años el plazo de renovación de contrato obligatorio.

En el texto original el Gobierno había recogido sendos apartados para fomentar la creación y funcionamiento de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, y para recoger bonificaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades para el arrendamiento de viviendas. Los 'populares' retiraron estos artículos por estar contenidos en la Ley de Medidas Tributarias para la consolidación de las finanzas públicas aprobada el año pasado.

Durante su paso por el Congreso, el proyecto incorporó algunas modificaciones sustanciales, como la creación de un registro de inquilinos condenados en firme por impago del alquiler para que puedan ser conocidos por otros arrendadores. Además, se incluyó la obligación del dueño de la vivienda de informar a los inquilinos en caso de querer vender el piso, y también se le autorizó a disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar, avisando al inquilino con al menos dos meses de antelación.