Los armadores creen que el acuerdo de descartes pone en peligro a la flota

Tras dos días de negociaciones, que acabaron el miércoles de madrugada, los ministros de Pesca de la UE cerraron su posición sobre la reforma Política Pesquera Común (PPC) para afrontar la negociación del texto final con el Parlamento Europeo. Los ministros tenían que acordar una nueva posición común o 'mandato negociador' que no ha gustado nada al sector en España.

Para la patronal Cepesca, 'el nuevo mandato supone una nueva vuelta de tuerca para el sector pesquero, sobre todo en lo que se refiere a la política de descartes, alejándose de las recomendaciones realizadas por el sector pesquero europeo', explicó el secretario general, Javier Garat.

Según la Confederación Española de Pesca, el punto de partida ya era duro para el sector y el nuevo mandato provocará 'sacrificios adicionales para las empresas' y la muchos cambios en los patrones de explotación para adaptarse a la nueva política en un muy corto espacio de tiempo.

La política de descartes, según Cepesca, que incluye la obligación de desembarcar todas las capturas de forma progresiva de 2015 a 2019 sin tener en cuenta la composición de las capturas 'va a provocar enormes restricciones a la actividad de la flota y estará abocada al fracaso'.

Para la Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol (Anasol) no se asegura la supervivencia de la flota porque el acuerdo 'no soluciona que la flota española afronte la obligación de no descartar sin perder posibilidades de actividad y pesca'.

La regla de minimis, los descartes que estarán permitidos, se situará en el 5% y no en el 7% como quería el Consejo en un principio (el PE la quería situar en el 3%).

Anasol cree que el Consejo fracasa en su intento de búsqueda de soluciones a las flotas como la española, de pesquerías mixtas.

El sector pesquero hizo un llamamiento al Parlamento para que no empeore las propuestas del Consejo de Ministros. n