El CGCEE propone ampliar la protección a las mujeres españolas residentes en el exterior contra la violencia de género
Se pretende garantizar así que las mujeres españolas residentes en el exterior y sus hijos menores de edad puedan acceder a la misma asistencia y protección ofrecida en España, abordando las barreras legales, administrativas y culturales que dificultan esta protección.
El pasado lunes, 2 de diciembre, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso y la presidenta de la Comisión Mujer y Juventud, además de consejera por Suiza, Mery Ballester, presentaban una serie de propuestas dirigidas a ampliar la protección de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a las mujeres españolas que residen en el exterior.
Lo hicieron durante una reunión telemática con Lidia Guinart, presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género del Congreso, y en la que también participó el subdirector general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, José Julio Rodríguez.
Con esta propuesta, el CGCEE pretende garantizar que las mujeres españolas residentes en el exterior y sus hijos menores de edad puedan acceder a la misma asistencia y protección ofrecida en España, abordando las barreras legales, administrativas y culturales que dificultan esta protección.
Principales Medidas:
Las medidas del CGCEE se estructuran en torno a ejes estratégicos para ofrecer una respuesta integral a las víctimas de violencia machista en el exterior. Entre las más destacadas se encuentran:
Reforma legislativa: Incluir de manera explícita en la Ley Orgánica 1/2004 a las mujeres españolas residentes en el exterior como beneficiarias de protección integral.
Reconocimiento de vulnerabilidad: Considerar a las víctimas en el extranjero como un colectivo especialmente vulnerable, al igual que otros grupos reconocidos por el pacto.
Coordinación administrativa: Implementar mecanismos entre administraciones para facilitar el acceso a procedimientos autonómicos sin conexión territorial.
Atención psicológica especializada: Crear un servicio gratuito y especializado para garantizar la atención psicológica, superando barreras lingüísticas y culturales en los países de residencia.
Mejoras jurídicas: Fortalecer la asistencia legal y el reconocimiento de órdenes de protección emitidas fuera de España.
Seguimiento estadístico: Incorporar indicadores específicos sobre mujeres españolas en el exterior en las estadísticas oficiales, evaluando la efectividad de las medidas existentes.
Recursos adicionales: Aumentar los recursos para las administraciones encargadas de prestar apoyo a las mujeres en el extranjero.
Desde el órgano de representación de la diáspora, esperan en que estas medidas sean valoradas y adoptadas como parte del proceso de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzando el compromiso de proteger a todas las mujeres españolas, independientemente de su lugar de residencia.
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