Berlín elogia sentencia europea que le permite restringir las ayudas sociales a los inmigrantes

El Gobierno alemán mostró su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que permitirá negar algunas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no desarrollen ninguna actividad económica ni busquen activamente trabajo.

"La libre circulación de ciudadanos es un bien y simboliza los principios de la UE. Sin embargo, con la sentencia queda establecido que los ciudadanos comunitarios deben, en principio, poder ganarse su subsistencia", apuntó en un comunicado el Ministerio alemán de Trabajo, a cargo de la socialdemócrata Andrea Nahles.

La sentencia se dirige en contra de quienes "acuden a Alemania con el único objetivo de aprovecharse de su sistema social", dijo por su parte Peter Tauber, secretario general de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, Angela Merkel.

El pronunciamiento del TJUE fue elogiado asimismo desde las filas de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), hermanada al partido de la canciller y miembro de su Gobierno.

Los euroescépticos de Alternativa para Alemania (AfD) -sin escaños en el Parlamento, pero sí en la Eurocámara- saludaron la decisión, aunque consideran que debería hacerse extensiva a todos los inmigrantes que acudan al país en busca de trabajo.

La sentencia del TJUE posibilitará a los Estados de la UE excluir de algunas de sus ayudas sociales a los comunitarios que se trasladen a uno de ellos sin ejercer una actividad económica ni busquen activamente trabajo, pero soliciten estas prestaciones.

Exclusión de las ayudas

El alto tribunal comunitario, con sede en Luxemburgo, señala que los ciudadanos comunitarios que no ejerzan una actividad económica y que se trasladen a otro Estado miembro con el único objetivo de obtener una ayuda social "pueden ser excluidos de la percepción de determinadas prestaciones".

El dictamen responde a la demanda presentada por una corte de Leipzig (este de Alemania) relativa a un contencioso entre dos rumanos y esa ciudad, que les denegó unas prestaciones tras comprobar que carecían de cualificación profesional y no habían ejercido actividad profesional alguna ni en Alemania ni en Rumanía.

La directiva comunitaria pretende impedir así que los ciudadanos de la UE sin trabajo ni actividad económica abusen del sistema asistencial del Estado miembro de acogida.