El naval vigués lleva dos años sin contratar con 'tax lease'

El 1 de julio de 2011 la Comisión Europea notificó la apertura de una investigación sobre los beneficios fiscales otorgados por España para la adquisición de buques. El llamado 'tax lease', un sistema fiscal que permite la contratación de buques de gran tonelaje y que con su suspensión dejó K.O. al naval vigués. Desde entonces los astilleros no han podido contratar ningún barco de estas características, lo que deja un panorana desolador en la Ría de Vigo, con su mayor astillero privado y el más grande de España (Barreras) en concurso de acreedores y el segundo (Vulcano) recién salido de la antigua suspensión de pagos. A este veto de la Unión Europea se suma los efectos de la crisis económica mundial en este sector, que provocaron una sequía de contratos en los últimos años. En 2011 las empresas de Vigo sólo consiguieron tres pedidos y en lo que va de año dos, cuando en la época del 'boom' lograban más de una veintena anual. Además, habría que remontarse a 2010 para ver la firma de construcción de barcos que necesitan 'tax lease'.

Son Metalships, Freire, Armón y Cardama los que obtuvieron esos contratos y quizás estos dos últimos los que, hoy en día, tienen una situación más aliviada gracias a la carga de trabajo que sumaron en los últimos meses. Cardama, con tres remolcadores para Angola, y Armón con dos 'off-shore' para un armador holandés. Los otros dos están en mínimos, Freire a punto de entregar su último buque y Metalships con actividad asegurada sólo hasta el próximo año. Y pendientes de que el 'tax lease' vuelva a estar en vigor.

Vulcano está a la espera de la adjudicación de varios barcos de Astilleros de Sevilla, en quiebra, para retomar su actividad, que está paralizada desde hace ocho meses. Y Barreras celebrará el 30 de julio su junta de acreedores, clave para dejar el concurso en el que lleva inmerso desde hace casi un año. Para ello necesita que acepten la quita del 80% que propuso (debe 78 millones a 400 acreedores) y que los trabajadores acepten el plan social, que pasa por 50 despidos y una reducción de salarios de entre un 20 y un 80%. Los acreedores dieron un primer apoyo hace unas semanas en una asamblea informal, pero deberán hacerlo ante el juez. Los trabajadores -a los que adeuda un millón de euros- se niegan a negociar despidos y las auxiliares ya advirtieron que si la plantilla no acepta, ellos tampoco.

En definitiva, tiempos convulsos para un sector que hace sólo cuatro años vivía un 'boom' histórico y que ahora teme su desaparición por las dificultades del mercado y porque la Unión Europea les está borrando del mapa con el veto al 'tax lease'. Y es que en este último año, los astilleros del resto de países de la Unión Europea aprovecharón el parón en la Ría de Vigo -la más productiva en España- para contratar barcos. Es el caso de Alemania y Holanda con una ocupación del 80% y casi el 100, respectivamente, y Polonia, que roza el 90% de carga de trabajo.

El Ministerio de Industria indicó esta misma semana que esperaban una resolución de Bruselas para principios de agosto. El secretario general de este departamento, Luis Valero, se mostró optimista y dijo que tenían motivos para pensar en una 'resolución positiva'. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, es quien debe comunicar si acepta o no la última propuesta alternativa al 'tax lease' enviada por el Gobierno -Almunia ya tumbó varias en los últimos meses-.

visita de pemex

Mientras, el naval ve una vía de escape en el acuerdo firmado por la petrolera mexicana Pemex para encargar a astilleros gallegos la construcción de siete remolcadores -Cardama, Freire y Armón tienen posibilidades- y otros tantos se harían en México con la ayuda de la industria auxiliar naval de Galicia. Responsables de la compañía visitarán el martes y el miércoles la Ría.n