El fiscal se opone a la demanda del líder de UGT en Vigo contra el sindicato

El juzgado de lo social número 3 de Vigo celebró ayer el juicio por la demanda que el secretario comarcal de UGT, Antonio Juste, interpuso contra su sindicato por criticar las medidas de ajuste

Juste, en los juzgados de Vigo, ayer.
Juste, en los juzgados de Vigo, ayer.

El juzgado de lo social número 3 de Vigo celebró ayer el juicio por la demanda que el secretario comarcal de UGT, Antonio Juste, interpuso contra su sindicato por criticar las medidas de ajuste que adoptó la ejecutiva gallega. El fiscal se opuso a dicha demanda y consideró que 'no hubo vulneración de derechos fundamentales', entre ellos el de libertad de expresión, como defendió Juste.

El abogado de UGT recordó que los estatutos de la organización sindical contemplan la posibilidad de la suspensión cautelar a cargos cuando se incumplen las normas adoptadas por los órganos de gobierno y por indisciplina. Así, acusó a Juste de haber actuado 'con deslealtad' ya que criticó una decisión 'de la que fue partícipe', en relación a los planes aprobados por UGT que incluyen la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo. La cúpula del sindicato también le acusa de haber filtrado a los medios de comunicación datos sobre los sueldos de sus dirigentes.

Antonio Juste, por su parte, le negó e insistió en que mostró sus críticas 'no una, sino varias veces' porque no estaba de acuerdo, entre otras cuestiones, en aplicar un ERE 'mientras había huelgas generales en contra de la reforma laboral'. 'Hacer justo lo que estás denunciando en la calle sí que daña la imagen del sindicato', alegó.

Juste, que lleva más de tres décadas como afiliado, denunció que UGT le propuso que admitiera las infracciones para suavizar la sanción. 'Me negué porque no hice nada malo, sólo criticar algo con lo que no estaba de acuerdo', indicó.

Su abogado lamentó que se le acuse de deslealtad 'por hablar' y lo tachó de 'matiz sectario'.

El expediente disciplinario abierto por UGT tiene fecha de febrero y la comisión de garantías del sindicato tiene 180 días para pronunciarse, por lo que el proceso podría prolongarse hasta septiembre, mes en el que se celebrará el congreso comarcal para elegir a los nuevos dirigentes.

Juste, en declaraciones a los medios previas a la vista, lamentó que sólo acudiera un abogado por parte de UGT. 'La gente que me abrió el expediente no tiene la valentía de presentarse en el juzgado para defenderse', comentó.n

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