El Consejo de Estado ve el euro por receta inconstitucional

Cataluña mantendrá la tasa de un euro por receta, que implantó el pasado junio, y Madrid sigue con la intención de aplicarla desde enero, a pesar de que ayer el Consejo de Estado, que preside el gallego José Manuel Romay Beccaría, dictaminara que esta medida 'vulnera el orden constitucional'.

El máximo órgano consultivo del Gobierno argumenta que las autonomías 'no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública'.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que solicitó el informe, insistió en que recurrirá en el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de esas comunidades si no llega a un acuerdo con ellas, pues cree que no son competentes.

Pero el presidente de Madrid, Ignacio González, manifestó ayer que esa tasa sí entra dentro de las competencias de la comunidad, pues 'no afecta' al coste de los medicamentos, sino que tiene una función disuasoria, si bien está dispuesto a 'sentarse a hablar con el Gobierno para solventar discrepancias'.

También, el departamento de Salud de la Generalitat continuará amparándose en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que dictaminó la constitucionalidad de la nueva tasa, y agrega que la opinión del Consejo de Estado 'no es vinculante'.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo tratará de 'hacer entender' al Gobierno catalán la 'inconstitucionalidad' de ese pago y la necesidad de su modificación, antes de acudir al Tribunal Constitucional. En la conferencia de prensa, Sáenz de Santamaría recordó que existe una mesa de diálogo abierta con la Generalitat para tratar la cuestión y e intentar evitar acudir al Constitucional. El plazo para llegar a un acuerdo en esas conversaciones termina a finales de diciembre, según Sanidad.

Asimismo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó que conocía el informe del Consejo de Estado desde hacía 'bastante tiempo, seis meses' y Ignacio González aseguró que él también lo sabía.

Desde el Psoe, la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, calificó de 'inadmisible' que el Gobierno y la ministra Mato conozcan desde junio el informe y se ha preguntado a qué esperan para recurrir el euro por receta, que supone 'una desigualdad manifiesta' entre los españoles.